La victimización y el conflicto armado en las comunidades indígenas de Caldas, un conflicto que el Estado Colombiano se niega  a reconocer

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La victimización y el conflicto armado en las comunidades indígenas de Caldas, un conflicto que el Estado Colombiano se niega  a reconocer

No solo la aparición de grupos ilegales alzados en armas irrumpió la paz y la tranquilidad en las comunidades rurales de Colombia, en este conflicto las fuerzas armadas del Estado también tienen responsabilidad ya que en vez de generar confianza y protección a los civiles fueron causantes de múltiples atropellos, hasta el punto en que los pobladores les tuvieran miedo a las fuerzas militares. Teniendo en cuenta que, hay estudios académicos que demuestran que el Estado se negaba a reconocer el conflicto armado y las consecuencias de este en el departamento de Caldas, en este caso a las comunidades indígenas les ha tocado resistir y defender con más fuerzas los principios organizativos a pesar del miedo y las constantes estigmatizaciones, Caldas, Colombia y el mundo se dan cuenta hoy de las situaciones complejas que les ha tocado vivir a las comunidades Emberá del departamento.

Caldas, hace parte del Triangulo del Café o Paisaje cultural cafetero como se le ha conocido en los últimos años, una tierra que es promocionada por su riqueza turística, paisajística y cultural, pero más allá de todo lo bonito, a su gente le ha tocado enfrentar múltiples situaciones dolorosas, desplazamiento forzado, asesinatos, masacres, estigmatización y señalamientos. Las víctimas en su mayoría son indígenas que no encontraron la ayuda que necesitaban por parte del Gobierno Nacional quienes desconocían lo que sucedía al interior de los territorios.

Fue en el trabajo académico “El departamento de Caldas, su configuración como territorio de conflicto armado y desplazamiento forzado” donde Cristina Palacio y María Rocío Cifuentes, llaman la atención con respecto al imaginario nacional que se tenía del departamento de Caldas al no ser considerado como escenario de conflicto y por lo tanto no era prioridad para el Estado ni para las Agencias internacionales de Cooperación.

Mientras tanto en el Resguardo Indígena de San Lorenzo a inicios de la década de los 80 según relatan los comuneros se empezaban a ver que integrantes del EPL y el M19 se asentaban en diferentes comunidades “quienes usaban su territorio como corredor estratégico para el tránsito de tropas”. Las versiones precisan que mientras el M-19 “solo transitaba por la zona territorial del Resguardo, el EPL empezaba a adoctrinar a la población, lo que culminó con el reclutamiento de algunos miembros de la comunidad y el confinamiento de otros por el miedo y la estigmatización”.

Como consecuencia del tránsito de los grupos armados legales e ilegales por los territorios, los comuneros se vieron afectados en su libre movilidad, la tranquilidad se perdió, por que estaban en medio de varios actores armados, por una parte, el Ejercito los acusaba de colaboradores del otro bando y viceversa. Este tipo de conflictos armados le costó la muerte al líder indígena Francisco Largo en 1986 y de Rey María Salazar en 1988, además se data que en el mismo año asesinaron a Gilberto Motato, primer candidato del Movimiento indígena a la Alcaldía de Riosucio; también se incrementaron las desapariciones forzadas y homicidios de indígenas por parte de la fuerza pública y en el 1989 se registró una masacre en Risaraldita, Resguardo de Escopetera Pirza.

Iniciando la década de los noventa la desmovilización del M19 y el EPL se hizo efectiva, pero al mismo tiempo la Guerrilla de las FARC intervino los lugares donde estuvieron los anteriores grupos armados, pero continuaron con las intimidaciones hacia la población civil, además deslegitimaron el ejercicio del Gobierno Indígena o Propio. En esos años, los moradores no podían ejercer sus labores autónomas como la siembra del pan coger, las FARC los forzaban a asistir a reuniones, mientras el Ejército señalaba a la población civil de guerrilleros por usar botas pantaneras, hubo desaparecidos y reclutamiento forzado.

Como consecuencia se registró un aumento considerable en la violencia, el CRIDEC y Movice en el Proyecto: “alistamiento de organizaciones sociales y víctimas de crímenes de estado para su participación en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición” data que, en el año de 1992 se registró una masacre en Bajo Pirza, tres años después se presentó otra masacre en el mismo Resguardo de Escopetera Pirza. Ya en el año 2000 se presentó la masacre de Miraflores en el Resguardo Cañamomo Lomaprieta, la masacre de Lomitas en el Territorio Ancestral San Loreno, un año después la masacre de la Rueda, a esto se le suma es asesinato de la autoridad indígena María Fabiola Largo del Resguardo de la Montaña y candidata a la Alcaldía de Riosucio, lo mismo sucedió con Gabriel Ángel Cartagena en el año 2002 esta fue conocida como la masacre de la Herradura.

Los datos anteriores dan a entender que el conflicto armado en los territorios indígenas se recrudeció y trajo consigo desplazamiento, desolación, reclutamiento y desapariciones, poniendo en riesgo el futuro físico y cultural de las comunidades, ya que el desarraigo al territorio de manera forzada implicaba muchos cambios socioculturales.

A pesar de tanta violencia las autoridades indígenas han seguido en pie de lucha y para el caso del Resguardo San Lorenzo salió una Sentencia a favor de la comunidad La sentencia 025 del 2018 de restitución, que reconoce que el conflicto armado afectó todas las prácticas culturales del Resguardo San Lorenzo. Entre estas, la transmisión de conocimientos de los guías espirituales a los jóvenes.

La sentencia documenta las consecuencias del conflicto armado que azotó a esta comunidad indígena desde la década del ochenta. Guerrilleros, paramilitares y Fuerza Pública alteraron la vida cotidiana de los Emberá Chamí de San Lorenzo, afectando sus costumbres y su tejido social y político.

Algunas órdenes que declaró el Juez se han cumplido otras como el perdón que debe pedir en público el presidente de la Republica de Colombia o un delegado no se ha hecho efectivo, ya que el Estado tuvo responsabilidad como se redactó anteriormente en la violencia del conflicto armado que afectó el territorio. Esa orden no la ha cumplido el primer mandatario de los colombianos.