DENUNCIA A LA OPINIÓN PÚBLICA

LA PARCIALIDAD INDÍGENA DE CAUROMA, CON JURISDICIÓN EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA CALDAS, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS EN LA LEY 89 DE 1890, LA LEY 21 DE 1991, EL CONVENIO 169 DE LA OIT, LA LEY DE ORIGEN, DERECHO MAYOR, Y DEMAS NORMATIVIDAD.

• Que uno de los principios de los pueblos Indígenas de Colombia es la autonomía, en el que se da lineamientos para la defensa de nuestra madre tierra, que de acuerdo a nuestra ley de origen, nuestros usos y costumbres las áreas de protección son ecosistemas naturales para el goce colectivo, por lo tanto estas áreas, hacen parte integral del desarrollo de las comunidades y podrán ser aprovechadas para la regulación y producción del agua, la conservación de la biodiversidad y la protección de los ecosistemas.

• Que el artículo 63 de la Constitución Política de Colombia determina que los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de los grupos étnicos, los resguardos, el patrimonio arqueológico de la nación y demás bienes que determine la ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

• Que el artículo 15 de la ley 21 de 1991, determina que los derechos de los pueblos interesados en los recursos naturales existentes en sus territorios deberán protegerse especialmente. Y estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.

El fundamento social de la Parcialidad Indígena de Cauroma ha estado ligado tradicionalmente al cuidado y protección de la Madre Tierra, hoy nos asiste la necesidad de visibilizar la grave amenaza territorial que se presenta al interior de nuestra Parcialidad, por las multinacionales mineras  de  hacer explotación de oro desequilibrar la naturaleza  y la armonía de nuestra comunidad sus proyectos  sin importarles las afectaciones a los ecosistemas existentes en la zona, entre ellos mencionamos las fuentes hídricas que surten los acueductos de las zonas rurales y urbana de nuestro municipio.

Hoy las alarmas se encienden cuando las autoridades indígenas son advertidas que multinacionales – desarrollan procesos de exploración en terreno sin agotar los procedimientos de consentimiento y consulta previa libre e informada con la comunidad, violando así derechos étnicos ampliamente reconocidos. La Agencia Nacional de Minería convoca a Audiencias Públicas para “subastar” títulos mineros en nuestro territorio, sin el mínimo respeto a los derechos étnicos y el respeto por las autoridades, violando todos los estándares de derechos internacionales, como de ser informado y consultados ante proyectos que afectan el diario vivir de la comunidad de la zona rural de Supía, lo que puede afectar el abastecimiento del recurso hídrico para los acueductos de la población rural y urbana.

Nos manifestamos en contra de la convocatoria “Audiencia Pública” que hace La Agencia Nacional de Minería a los ciudadanos del municipio de Supía – Caldas, y sus áreas de influencia a la audiencia y participación de terceros para el 21 de septiembre de la anualidad en el municipio de Supía Caldas; por considerarla una amenaza a las comunidades, a las autoridades indígenas y al pleno ejercicio del gobierno propio.

Rechazamos las concesiones para mediana y gran minería en nuestro territorio, en el ejercicio de los derechos fundamentales a la libre determinación, la autonomía y el gobierno propio, y acatando el mandato de la Ley de Origen, los Planes de Vida y la obligación de preservar nuestra pervivencia étnica, física y cultural, tal como lo consagra el Artículo 7 del Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los Pueblos Indígenas y como ejercicio propio de defensa territorial, del medio ambiente y del agua, declaramos nuestros territorios como zona de exclusión para la mediana y gran minería.

Hacemos un llamado a la comunidad del municipio de Supía, a organizaciones nacionales e Internacionales y defensores de derechos humanos para que nos acompañen en esta denuncia, para que se  pronuncien  y difundan estos graves hechos como la alianza de multinacionales y las entidades del estado, demos a conocer las consecuencias negativas que estos proyectos traerían a nuestro territorio, como la contaminación y privatización de los recursos hídricos, igualmente la privatización del territorio.

Exigimos el cumplimiento de lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, en el que se establece la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, cuando un proyecto puede afectar la vida cotidiana de la comunidad.

El agua es vida y alimento fundamental para todos los seres vivos, por ello es responsabilidad de todos los habitantes del municipio de Supía defenderla y conservarla esto se hace si entre todos defendemos y cuidamos esta casa grande que nos alberga, solo a través de esta defensa mantendremos un territorio que brindar a otras generaciones.

PETICIONES:

1. Abstenerse de realizar las audiencias públicas de participación de terceros programadas en territorios que son ocupados ancestralmente por los pueblos indígenas de Caldas, por encontrarse gravemente amenazados los derechos fundamentales a la vida, la autodeterminación, la autonomía, el territorio, la diversidad étnica y cultural y la pervivencia, así como el consentimiento previo, libre e informado.

2. Abstenerse de realizar las Audiencias Públicas de Participación de Terceros por no existir las condiciones de participación consagradas en los instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos, en tanto actualmente las autoridades indígenas han recibido amenazas contra la vida e integridad, que han sido puestas en conocimiento de las autoridades competentes, sin que se haya garantizado la investigación y juzgamiento de los responsables.

3. Aplazar inmediatamente la Audiencia Pública programada en el municipio de Supía y convocar a un espacio de diálogo con las autoridades donde se garantice el respeto por la autodeterminación de los pueblos indígenas.

4. Abstenerse de adelantar convocatorias, reuniones o cualquier tipo de actividad orientada a la celebración de las audiencias, sin contar con el consentimiento previo de las autoridades indígenas legítimamente reconocidas.

5. Instamos a la Personería Municipal de Supía Caldas, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, para que garanticen el goce efectivo de Derechos de los Pueblos indígenas, evitar un perjuicio irremediable para su pervivencia étnica, física y cultural.

Para constancia de la presente se da como mandato por la vida, el agua y la biodiversidad en la sede principal de la Parcialidad Indígena de Cauromá a los 15 días del mes de septiembre de 2021.